En respuesta al impacto perjudicial de la megagranja en su salud y su entorno, los miembros de la comunidad montaron un campamento de protesta. Sin embargo, el 18 de febrero de 2023, se enfrentaron a una severa represión cuando al menos 150 miembros de la policía estatal y de la policía antidisturbios irrumpieron en el campamento. Armados con porras y escudos, estas autoridades dispersaron violentamente a la multitud, en su mayoría mujeres y niños.

A pesar de la represión y las brutales palizas infligidas a los residentes de Sitilpech, el gobierno del estado de Yucatán intensificó su campaña contra la comunidad maya. En marzo de 2023, se iniciaron procedimientos legales contra ocho personas, concretamente aquellas que se habían opuesto a la megagranja en los medios de comunicación regionales. Finalmente, los procedimientos dieron lugar a una sentencia de un año y medio de restricciones y arresto domiciliario para los acusados.

Los esfuerzos de la comunidad han exigido el cierre de la megagranja, pero Kekén y sus socios han seguido recibiendo protección de las autoridades políticas de Yucatán. Los compromisos previos adquiridos por la empresa para abordar los impactos de la megagranja en el agua, el aire y los medios de vida de las personas no se han cumplido. De hecho, la empresa ha recibido, durante dos años consecutivos, un premio nacional por sus «estándares de calidad en sus procesos y productos». Sin embargo, el 6 de noviembre de 2025, el tribunal de distrito estatal dictó una suspensión provisional de las operaciones de la megagranja. Una victoria parcial para la comunidad...